Les ofrecemos el artículo publicado en El Diari de l'Educació el 28 de febrero pasado de este año 2022, escrito por nuestro compañero Jordi Mateu, de Barcelona, a quien agradecemos su permiso para traducir el original.
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Hay que tener una
perspectiva amplia de las razones por las que algunas personas o algunos colectivos
optan por hallar caminos en los márgenes con la creación de espacios educativos
alternativos. De lo contrario, más que velar por el buen cumplimiento de los derechos,
las normativas pueden generar exclusiones y discriminaciones.
Imaginen
una escuela pequeña, donde se respira un clima familiar, donde las personas
educadoras conocen a todos los niños y donde hay un contacto cotidiano con las
familias. Imaginen una ratio pequeña, de una persona educadora para cada siete u
ocho niños, que permite acompañar la afectividad y los procesos relacionales de
los infantes. Imaginen un aprendizaje vivencial y activo a través de materiales
manipulativos, en una diversidad de formatos –talleres, ambientes, proyectos,
etc. –, que asegura un equilibrio entre los movimientos de dentro y de fuera, y
favorece a la vez el desarrollo de ciertos códigos culturales básicos. Imaginen
un espacio educativo rodeado de naturaleza en el que los niños aprenden a convivir
con ella y a respetarla. Imaginen un centro que acompaña también a las familias
en sus procesos de crianza para cuidar la alegría infantil.
Imaginen,
ahora, que tienen hijos y que para Uds. el entorno colectivo en que puedan
participar es importante. Imaginen que creen en la escuela pública sostenida por
los recursos colectivos, pero que no encuentran ningún centro con esas
características a su alrededor. ¿Qué hacer?
Uno
puede implicarse en movimientos de renovación pedagógica y promover la reflexión
y el cambio dentro de las escuelas, pero estos procesos acostumbran a ser superficiales
y lentos, por lo que seguramente nuestros hijos ya no los disfrutarán o, si lo hacen,
será de forma muy descafeinada.
Uno
entra en contradicción, le atrae la idea de una escolarización gratuita,
participativa, de calidad y accesible para todos, pero también uno tiene una
necesidad inmediata de proporcionar una educación que considera de calidad a los
propios hijos. No se puede elegir, así que la decisión es hacer ambas cosas:
crear una asociación para la innovación educativa para llevar a cabo difusión,
formación e implicación política, y además crear una escuela pequeña. La
Constitución del país reconoce este derecho, de manera que se lo quiere hacer
efectivo. Imaginen, por último, que uno fue maestro y asesor durante más de treinta
años y se siente con la capacitación inicial suficiente como para hacer realidad
ese proyecto pedagógico.
Al
dar los primeros pasos uno descubre, sin embargo, que el derecho a crear una escuela
es poco realizable. La normativa de creación de escuelas, de ámbito estatal,
establece unas condiciones arquitectónicas pensadas para centros muy grandes, de
unos 450 alumnos, y no permite ninguna modificación. Es decir, se aplica la misma
normativa para centros de, por ejemplo, 60 niños, que para 450: se exige un
aula por nivel, una biblioteca de 45 m2, una sala polivalente de 100
m (normativa autonómica catalana), aulas de desdoblamiento y refuerzos, etc.
Hay
escuelas públicas rurales unitarias, con unas instalaciones adecuadas al número
de niños, pero a la iniciativa popular no se le permite esta posibilidad. En el
Real Decreto que regula los requisitos para la creación de centros hay una disposición
adicional que contempla la posibilidad de flexibilizar esta normativa, pero al hablar
con las personas competentes se recibe por respuesta que “no se aplica”.
Ante
esta situación, o bien se dispone de aproximadamente medio millón de euros para
edificar estas instalaciones pensadas para macrocentros o bien tienes que
renunciar a tu derecho constitucional.
Si los niños tienen menos de seis años, ya
que la escolarización no es obligatoria todavía, se puede optar por crear un club
de tiempo libre de día, un centro familiar, un aula de naturaleza o incluso un
grupo de crianza entre familias. Pero si son mayores de esta edad, existe una ley
orgánica que obliga a llevarlos a espacios reconocidos oficialmente como escuelas
y, si no lo haces, estás en la ilegalidad y podrías incluso perder su custodia.
Algunas
personas optan por intentar homologar una escuela bajo normativa extranjera a
través de entidades reguladoras de otros países, como los Estados Unidos o el
Reino Unido. En estas circunstancias, la normativa de espacios que se aplica es
la del país extranjero, con frecuencia mucho más laxa y flexible que la nuestra.
Es un atajo un tanto raro, provocado por una legislación injusta e
incomprensible, pero mucho más asequible a nivel económico y burocrático.
Sin embargo, como estos procesos son bastante
lentos –y el crecimiento de los hijos no se detiene– hay personas y colectivos
que optan por empezar a andar y atender las necesidades educativas del presente.
Así, se aventuran a abrir espacios de crianza que con el tiempo acaban acogiendo
a niños en edad de escolarización obligatoria, sin tener el reconocimiento como
escuela autorizada.
En
los últimos veinte años hemos asistido a una proliferación de estos espacios educativos
en nuestro país, la mayoría sólo para la etapa de Infantil, pero algunos también
para la de Primaria. Tarde o temprano, la
Administración educativa reclama a estos espacios que legalicen su situación y se
conviertan en una escuela privada.
Si
el proyecto tiene posibilidades arquitectónicas y las administraciones locales
no se oponen, la Consejería de Educación acostumbra a permitir su funcionamiento
mientras se van cumpliendo las obras y todas las regulaciones, pero la rigidez
de estas normativas suele generar muchas tensiones, e incluso puede llegar a
provocar el cierre de proyectos capitales en la innovación educativa.
Es
importante constatar que la tercera primavera pedagógica que vivimos antes de
la pandemia en este país fue en parte originada en espacios educativos
alternativos como ahora “Ojo de Agua”, “El Roure” o el “Pesta”, que sirvieron de
inspiración a escuelas estatales como “Martinet”, “Encants”, “Congrés-Indians”,
etc., que a la vez fueron una referencia para otras escuelas estatales y privadas,
como una mancha de aceite que finalmente se aglutinó en el movimiento de la “Escuela
Nueva 21”.
En
los últimos años, la proliferación de espacios educativos alternativos, el descenso
de la natalidad, las denuncias de centros infantiles y escuelas autorizadas, y
una cierta corriente de desescolarización de algunas familias ante las
regulaciones impuestas a raíz de la pandemia, han generado la alarma en la Administración
educativa, que actualmente está insistiendo en su función de control y denuncia.
Sin
duda, velar por el cumplimiento de las normas es una función necesaria, desde
nuestro punto de vista. Todo derecho debe ir acompañado del seguimiento de su ejercicio
por parte de las administraciones responsables de hacerlo. Pero se precisa a la
vez tener una perspectiva amplia de las razones por las que algunas personas o
colectivos optan por hallar caminos en los márgenes porque, si no es así, más
que velar por el buen cumplimiento de los derechos, las normativas pueden
generar exclusiones y discriminaciones que vulneran derechos fundamentales.
Si
no hay escuelas estatales con proyectos educativos como los que hemos tratado
de presentar, habrá familias que optarán por crear escuelas “privadas”. Si la
normativa de creación de escuelas privadas no permite el ejercicio del derecho
constitucional, habrá colectivos que crearán espacios educativos no autorizados.
Si la Administración educativa no tiene una función de ayudar a encontrar
soluciones humanas en estas situaciones y acaba aplicando la ley del centímetro
cuadrado, habrá personas que desescolarizarán. Si la educación en el ámbito
familiar no es reconocida legalmente, con lo es en la mayoría de estados europeos,
habrá familias y niños en situación de ilegalidad.
No
facilitar la autorización de un espacio educativo porque su sala de biblioteca tiene
43 m2 en vez de los 45 estipulados – pensados para una escuela modelo
de 450 niños– es un auténtico disparate, y no estoy planteando un ejemplo demagógico
ni aislado de lo que está pasando.
La
vida es un equilibrio dinámico entre estabilidad y cambio. Algunas personas sienten
con fuerza la necesidad de crear y otras la de cuidar y proporcionar estabildad.
Ambas fuerzas son necesarias en cualquier sistema vivo. Ojalá seamos capaces de
hallar un equilibrio justo y dinámico entre estas dos fuerzas de vida, para movernos
desde lo que une y no desde lo que separa.
Jordi
Mateu
Maestro de Educación
Infantil y Primaria, director del espacio educativo “Ca l’Aulet” y presidente
de la Asociación “Caiev”
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